Los obligaban a trabajar más de 12 horas diarias, debían hacer trabajos de construcción civil, tenían prohibido estudiar y los hacían firmar recibos en blanco. Esta es la historia de veinte policías municipales que han sido despedidos por denunciar la muerte de un compañero de labores.
Por JUANA AVELLANEDA
Fotos RUBÉN GRÁNDEZ
Fotos RUBÉN GRÁNDEZ
“Yo te voy a dar el nombre del responsable de los despidos. Apúntalo. Se llama César Coveñas Gómez, es el subgerente de operaciones y responsable directo de todas las cosas que están pasando en la muni. No vayas a decir quién te dio esta información que te hago buscar con inteligencia. Tú no me conoces, no sabes nada de nada, ¿entendiste? Ahora vete porque adentro hay cámaras”, dice temeroso un sereno de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ricardo, como lo llamaremos para protegerlo, es solo uno de los tantos que por miedo a perder el trabajo han preferido declarar bajo el anonimato. Pero ese no es el caso de Víctor Tuya Cueva, uno de los 20 policías municipales que fueron despedidos el viernes pasado por negarse a realizar labores de construcción civil.
¿Qué pasó? “Me botaron como a un perro, señorita. Todo por reclamar. A nosotros nos obligan bajo amenaza de despido a hacer trabajos de albañilería. Encima nos mandan sin protección, sin guantes de seguridad, cascos, arnés ni calzado apropiados. En esas condiciones uno está expuesto a morir”, reclama.
Eso lo sabe muy bien Alicia Cutipa, madre de Javier Olayunca, un joven de 31 años que falleció el jueves 22 de marzo mientras demolía una pared. “A mi hijo lo contrataron para que cuide mercados y ordene a los ambulantes, pero su jefe lo mandaba a derrumbar paredes. Ahora se quieren hacer los locos, pero no lo vamos a permitir. Van a pagar bien caro la muerte de mi Javier”, dice llorando.
Don Víctor intenta no hacer lo mismo. Sabe que él también pudo morir. “Trabajé dos años y un mes para la municipalidad y en mi contrato dice bien claro que nuestra labor consiste en controlar, operar y sancionar negocios ilegales. Mas no incluye realizar tareas propias de un albañil”, alza la voz quien en más de una ocasión inventó una luxación en el hombro izquierdo para no enterrar una pala.
“No podía exponerme. Tengo un hijo de 7 años que es huérfano de madre. ¿Si me moría quién lo iba a mantener? Ahora no sé dónde encontrar trabajo, ya estoy viejo”, cuenta un hombre de 57 años.
Su compañero Ceferino Tumbalobos lo mira resignado. Ha intentado comunicarse más de una vez con el municipio para buscar una solución, pero esta se ha negado. Desde entonces Ceferino anda buscando un préstamo en el banco. Le diagnosticaron cáncer de colon a inicios de año. “Lo que más me preocupa es perder el seguro. Ahora que me he quedado sin trabajo, Essalud ya no va a cubrir mis quimioterapias. Y el cáncer está en fase dos”, dice angustiado.
Ceferino prestó sus servicios desde febrero del 2010 hasta marzo de este año. Cree que lo más justo es que le cancelen, por lo menos, los 23 días que laboró en marzo. “¡Deberían indemnizarnos!”, grita un muchacho de piel brillante y ojos cansados.
“¿Cómo reaccionarías si al llegar a tu centro de trabajo encuentras un portatropas y a un batallón de policías impidiendo tu paso? ¿No te sentirías como un delincuente?”, se queja Huamaní Gabino Pascuale. Cuando le preguntamos a este joven de 23 años qué otros abusos se han cometido, responde mirándonos a los ojos: “Tenemos prohibido estudiar. Mi jefe me forzó a dejar la carrera de administración de empresas que seguí durante seis meses. Tuve que hacerlo para que no me despidiera. Esa es la realidad de los empleados de San Juan de Lurigancho”.
“¡Dile que nos hacen firmar los recibos por honorarios con el monto y la fecha en blanco!”, dice en voz alta Noemí Pérez Campos, una madre de familia de 29 años que anda desesperada por encontrar un nuevo trabajo. A fin de mes le esperan nuevos recibos de luz, agua y teléfono.
¿Cómo es eso de que firmaban recibos con el monto en blanco? “Así es. En la denuncia policial el jefe de recursos humanos declaró que ganamos 980 soles y que trabajamos de 7 am a 5 pm. Pero en realidad ganamos 856 soles mensuales y trabajamos 12 horas diarias. Marcamos a las 6 am y salimos a las 6:30 pm. Nos explotan porque saben que somos pobres y necesitamos la plata. Así es cuando uno no tiene para comer”, responde.
¿Por qué crees que los despidieron arbitrariamente? “Porque nos solidarizamos con la muerte de nuestro compañero. Cuando ocurrió el accidente todos fuimos a la clínica San Juan Bautista para darle el pésame a sus padres. Al día siguiente, pedimos permiso a nuestros superiores para ir al velorio.
‘Vamos a coordinar la autorización’, nos dijeron. Al rato las puertas estaban con cadenas y candado.
Nos secuestraron. Si no hubiera sido por la prensa que llevó a la familia para hacerle escándalo al alcalde, nos hubieran dejado encerrados. Se molestaron cuando salimos a declarar las verdades a los medios”, asegura.
Domingo intentó comunicarse con el alcalde Carlos Burgos para que diera su respectivo descargo. Sin embargo, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho nos derivó con Julio Delgado, jefe de imagen institucional. Después de varios intentos lo único que nos contestó fue este mensaje de voz: “Hola, te saluda Julio Delgado, en estos momentos estamos trabajando pensando en ti. Por favor, deja tu mensaje que en cualquier momento respondo tu llamada. Ah, recuerda que en San Juan de Lurigancho estamos construyendo una nueva ciudad”.
Hasta ahorita seguimos esperando.
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