Acabar con la informalidad, que controla el transporte y el comercio, es un objetivo que le está costando. Si finalmente ordena estos sectores habrá logrado lo que no pudo quien le antecedió en el cargo. Por estos días, ella enfrenta la abierta rebeldía de gremios de transportistas y comerciantes y la amenaza de una revocatoria. El reto de modernizar Lima implica un ejercicio de autoridad que le podría abrir nuevos frentes. La alcaldesa debe en adelante hilar fino, con buena muñeca y mano firme; más aún si no cuenta con un respaldo tangible del Ejecutivo.
Flor Huilca
1)Transporte en Lima ordenado y seguro
Este miércoles 24 de octubre el transporte público de Lima enfrentará una nueva amenaza de paro. Será la octava protesta desde que la municipalidad tomó la decisión de modernizar el transporte y poner orden en jirones y avenidas, propósito que tropieza con la resistencia de un sector minoritario pero activo de transportistas liderados por Julio Rau Rau.
La reforma del transporte se propone atacar tres indicadores claves: reducir el número de accidentes en las pistas, la congestión del tránsito en la ciudad y reducir a la mitad el tiempo que pasan los limeños viajando a diario, (actualmente los limeños realizan 5 millones de viajes). Gustavo Guerra García, principal asesor de esta reforma, asegura que se va a acabar con la maraña de rutas superpuestas que hacen inmanejable el transporte. De igual modo, la municipalidad le ha puesto la mira al modelo llamado “comisionista”. Este obliga a los choferes a trabajar más de 12 horas diarias y condiciona sus ganancias al número de pasajeros que suben a su unidad. A pesar del descontento de los usuarios, este es el régimen de transporte que impera en Lima desde hace 20 años.
De ese modelo, dice Guerra García, se saltará a otro, moderno y expeditivo, en el que solo funcionarán cinco corredores complementarios como grandes organizadores del transporte, corredores de integración y rutas de aproximación. Todo eso funcionará en forma integrada, con buses de mayor capacidad y con un sistema de pago por tarjetas, similar a como opera hoy el Metropolitano.
Julio Rau Rau, el dirigente de un sector de los transportistas, es el más tenaz opositor a la reforma. Acepta que se debe reducir el número de rutas y que es necesario sustituir las unidades obsoletas, pero se resiste a cambiar la forma cómo se administran las empresas y a la transparencia en la entrega de rutas. Quiere que éstas se adjudiquen a las mismas empresas que las operan actualmente, y que se dilaten los plazos para la renovación de sus unidades.
Rau Rau ha convocado a la mayoría de paros contra la reforma. El último fue un fracaso. Ahora anuncia una marcha de propietarios con sus unidades. La municipalidad, reitera, que defenderá a los usuarios de esta nueva amenaza.
2) El traslado de La Parada a Santa Anita
El traslado de los comerciantes mayoristas de La Parada a Santa Anita es el otro punto crítico que enfrenta la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. Ella se ha propuesto que el comercio mayorista de alimentos se realice en condiciones seguras, formales y salubres para los comerciantes y para sus miles de clientes que son los minoristas que abastecen a la ciudad. Eso, afirma Ricardo Giesecke, presidente de Emmsa, no se puede hacer en La Parada: los más de 1.500 comerciantes mayoristas deben mudarse a Santa Anita. ¿Pero cuándo? Allí radica el problema. La municipalidad anunció un traslado para julio, pero no logró convencer a los comerciantes. Y ahora, al cabo de tres meses sin lograr su propósito, se plantea cercar a los comerciantes con medidas legales. Esto es: retirar a La Parada la denominación de mercado mayorista, restringir el acceso a los camiones de carga y no renovar más el alquiler de los puestos.
Margarita Valladolid, vocera de los comerciantes mayoristas, argumenta por qué su rebeldía frente al mandato que ordena el traslado: (a) los puestos que les ofrecen tienen muy poco espacio para almacenar los alimentos que comercializan habitualmente; (b) los alquileres son solo por periodos de 3 a 4 años –cuando la gestión anterior les ofreció contratos de arrendamiento por 30 años–; (c) el costo de los alquileres es muy alto para ellos, pese a que ya fue rebajado de 4.600 soles a 2.600 soles; (d) no hay suficientes puesto para todos los mayoristas; y (e) tampoco se ha contemplado la labor de los estibadores que cargan las compras de los minoristas.
Para Giesecke esas no son preocupaciones sino pretextos que en el fondo esconden el verdadero propósito de los comerciantes: seguir trabajando en la informalidad sobre la que ha echado raíces el comercio mayorista en últimos 40 años. Ninguno de los cuestionamientos, asegura, tiene fundamento. Pone un ejemplo: ahora un comerciante que mueve 30 toneladas de papa al mes paga 9 mil soles sólo por ingresar su producto a La Parada. Eso, frente a los 4.600 que se les pedía por alquiler al principio, incluida la descarga mecanizada, es la mitad de lo que le cuesta. “Lo que pasa es que le tienen pánico a la formalidad, están acostumbrados a manejar sus ingresos sin mayor control y la reforma va a suponer que tendrán que pagar mayores impuestos”, explica.
Para lograr el traslado, la municipalidad no apuesta por un desalojo que seguro traerá violencia. Confía en el apoyo del gobierno y espera que la Policía haga valer la prohibición al ingreso de camiones. La idea es dinamizar paulatinamente el comercio en Santa Anita, donde ya hay 350 comerciantes. “La Parada cerrará de a pocos. Una vida no vale todo el traslado”, dice Giesecke.
3) Una nueva Lima para todos.
Si las reformas del transporte y la modernización del comercio de alimentos son retos inmediatos, hay detrás un desafío de fondo: elaborar el plan de desarrollo concertado de Lima. Eso le permitirá a la ciudad, seguir una ruta, sin improvisaciones ni cortoplacismos, convirtiendo a Lima en una urbe moderna e innovadora.
El arquitecto y urbanista Wiley Ludeña destaca, que a diferencia de su antecesor, Susana Villarán tomó la decisión de elaborar este plan a puertas abiertas. Se ha planteado, afirma, que Lima sea una ciudad sostenible, educadora y participativa, pero estas, a su criterio, son todavía ideas-fuerza vacías de contenido, que carecen de una visión del futuro urbano. “Cada ciudad tiene una marca distintiva, en Lima no hay nada renovador, tal vez la ciudad en el sentido de dimensión social empieza a prefigurarse como aporte interesante, pero todavía es un desafío”, dice. En Bogotá, explica, el peso de la actividad cultural es su referente, lo que moviliza su Centro Histórico. En Lima los referentes son los centros comerciales. Mientras no se cuente con ese plan, advierte Ludeña, las obras que se realicen en Lima y en el Centro Histórico, serán solo para seguir administrando la ciudad.
4) Dos procesos de revocatoria en marcha
A diferencia de otros alcaldes, Susana Villarán conduce su gestión en medio de una hostilidad política que no le da tregua, desde el primer día en que asumió funciones. El primer año de gobierno, Solidaridad Nacional (SN), el partido del ex alcalde Luis Castañeda, mantuvo viva, aunque sin éxito, la amenaza de una vacancia. Y desde el segundo año, Villarán enfrenta un pedido de revocatoria impulsado por Marco Tulio Gutiérrez, también vinculado a SN. Este proceso parecía haber concluido sin alcanzar las 400 mil firmas que se necesitan para llamar a referéndum, pero el JNE le dio luz verde a los revocadores para seguir con la verificación de firmas, a pesar de que los plazos ya vencieron. Es muy probable que Gutiérrez alcance el número de firmas que necesita. Si es así, la consulta tendría que convocarse en el 2013 y, por ende, la alcaldesa Villarán tendrá asegurado un año más de inestabilidad política.
Fernando Tuesta considera que la oposición que enfrenta la alcaldesa es de dos tipos: uno proviene de sectores ideológicos y el otro de aquellos que se sienten amenazados con los cambios, como los transportistas, los comerciantes, los taxistas y los ambulantes del centro de Lima; todos tienen en común que han hecho de la informalidad su medio de trabajo. “Ningún alcalde fue sometido a una campaña sistemática desde antes que asuma el cargo. Hay errores en la gestión, obviamente, pero nada que amerite una campaña de esa naturaleza”, advierte.
Para revocar a la alcaldesa Villarán se compraron hasta 7 kit electorales. El último fue de Julio Rau Rau, quien ha dicho que si Gutiérrez logra el número de firmas para la revocatoria, lo ayudará en la campaña para “sacar a la alcaldesa”.
5) Falta apoyo decidido a las reformas
Si algo es notorio en este proceso de reformas en el transporte y en el comercio mayorista emprendidas por la alcaldesa Villarán es la falta de un apoyo decidido del Ejecutivo. La encuesta de Imasen de octubre muestra que el 67,4 % de limeños respalda la reforma del transporte y el 55% de encuestados por Apoyo en setiembre, apoya el traslado a Santa Anita.
La relación entre Villarán y su vecino de la Plaza de Armas, observa Fernando Tuesta, es fría. “No la ataca, pero tampoco la defiende frente al acoso” de quienes se sienten perjudicados con reformas que no pueden seguir postergándose. También considera que hay otros sectores de la sociedad que se han “puesto de costado y prefieren ver desde las tribunas cómo la apedrean”. A pesar de las reformas que impulsa la alcaldesa, el apoyo de la población apenas raspa el 30%, en las encuestas. Imasen le dio en setiembre el 29%, Apoyo 26% y GFK 22%. Guerra García confía en que con las obras que empezarán a verse el próximo año, la cifra se revierta, aunque recuerda que Susana ganó las elecciones con 38%.
Claves
Orden. En los corredores Abancay-Manco Cápac y Tacna-Wilson el reordenamiento, con paraderos establecidos y fiscalización, permitió una fluidez en el tránsito.
Tiempo. Hoy el viaje a lo largo de Manco Cápac-Abancay dura 15 minutos, antes tardaba 45. Igual, en Tacna-Wilson, por donde circulan 237 mil pasajeros al día, el tiempo de viaje era de 16 minutos, ahora se hace en 6.
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